Un cambio de juzgado que preocupa en el despacho presidencial
La «causa $LIBRA» va camino a unificarse con otra que tiene en el centro de la investigación a Karina Milei por la gestión de presuntos pagos ilegales para reunirse con el presidente Javier Milei, tanto para el lanzamiento de ese token como otros negocios en el rubro. Una sorpresiva decisión del juez federal Ariel Lijo, quien subroga a su colega María Servini –que está de licencia– declaró la incompetencia del juzgado a cargo de la magistrada y le envió el expediente por conexidad a Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramita una denuncia referida a sobornos que habían presentado los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
Después de la derrota electoral de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se reactivó la causa del criptogate con un pedido del fiscal Eduardo Taiano para analizar teléfonos en busca de comunicaciones en las que hayan participado el Presidente y su hermana relacionadas con el lanzamiento de $LIBRA. En siete meses hubo hallazgos, pero ningún avance tal que hubiera –por ejemplo– llamados a indagatoria. En un escrito del principios de agosto Taiano, además, afirmó que analiza transferencias recibidas por una billetera de los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy diez días antes del lanzamiento del token y las calificó como «eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a fines de la concreción de los hechos y, en consecuencia, como instrumento de la maniobra delictiva invetigada».
Esos dos empresarios fueron nexo entre el mandatario y el estadounidense Hayden Mark Davis, creador del token que Milei invitó a adquirir en su famoso tuit del 14 de febrero, que luego borró cuando ya 40.000 personas habían perdido lo invertido. También lo conectaron con otro hombre vinculado al proyecto, anotado en el registro de audiencias del gobierno como Julian Peh, cuyo verdadero nombre es Peh Chyi Haur. Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Peh, de la firma Kip Protocol, estuvieron en el Tech Forum, evento que en 2024 que usaron Novelli y Terrones para gestar negocios, y que contó con una exposición de Milei. El fiscal había señalado también: «Para concretar esas reuniones, que tuvieron lugar en la Casa Rosada y el Hotel Libertador, estos empresarios habrían abonado una suma de dinero al Presidente y/o a su círculo de colaboradores».
Ahora se suma la decisión de Lijo, que en su resolución dice que de acuerdo a las medidas de prueba que desarrolló la fiscalía considera «que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados». El juez recuerda las reuniones de Davis y Peh con Milei, Novelli, Terrones Godoy y señala que también habría participado el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. El último «encuentro documentado» entre el jefe de Estado y Davis, repasa la resolución, fue el 30 de enero, como surge incluso de una foto compartida por el propio Milei en la red «X».
